Muerte en clínica dental de Quito: pedido de cargos y ACESS

En Ecuador, la muerte de un paciente en una clínica dental de Quito pasó de ser una noticia de abril a un proceso penal en curso. El 12 de octubre de 2026 la Fiscalía General del Estado pidió a un juez de Pichincha que fije día y hora para formular cargos contra cuatro personas por presunto homicidio culposo por mala práctica profesional³⁴⁵. El caso interesa a la medicina estética porque la inspección posterior de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) encontró inyectables estéticos, entre ellos toxina botulínica, guardados junto a alimentos¹². Esta nota separa lo que consta en documentos y prensa de lo que es versión de una parte. No hay sentencia y los investigados tienen presunción de inocencia.

Qué ocurrió el 2 de abril en Quito

Luis Alarcón acudió a una clínica del sector Iñaquito para una endodoncia y la colocación de dos implantes, un procedimiento previsto para unas dos horas, según Vistazo³. Sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió. La autopsia fijó como causa un paro cardiorrespiratorio y, según Teleamazonas en abril, la toxicología estaba pendiente⁶. No hemos encontrado en las fuentes consultadas un resultado toxicológico publicado.

Las versiones difieren en un punto central. La familia sostiene que se aplicó anestesia general; la clínica afirma que fue sedación consciente⁷. Según Primicias, el parte policial recoge que una anestesióloga indicó que el paciente fue sedado en dos ocasiones; la clínica niega una doble sedación y habla de un manejo dosificado y progresivo⁷. En la segunda intervención el paciente presentó una reacción cutánea y se descompensó; el personal intentó reanimarlo, pidió una ambulancia por el ECU 911 y, al llegar los paramédicos, no tenía signos vitales⁷. La clínica reconoce que el paciente llegó sin antecedentes médicos ni alergias reportadas⁵⁷. Un parte policial indica que al menos tres médicos tuvieron contacto con él minutos antes de morir⁴.

Qué encontró la ACESS: categorización, equipo y almacenamiento

El 10 de abril la ACESS informó que clausuró el establecimiento de Quito como medida cautelar y detalló inconsistencias: una nómina de profesionales distinta a la presentada al habilitarse, ácido hialurónico y toxina botulínica almacenados junto a alimentos y 482 insumos caducados, incluidos aditamentos de implantes¹. La directora ejecutiva, Paola Aguirre Otero, anunció que se realizaría la auditoría correspondiente¹².

En la sucursal de Cumbayá, controlada el 8 de abril, la agencia reportó medicamentos caducados y sin rotular, fármacos que no correspondían a la tipología del establecimiento, toxina botulínica y sueros, algunos abiertos, en una refrigeradora junto a alimentos, jeringuillas con líquido no identificado, historias clínicas incompletas y atención de pacientes antes de obtener el permiso de funcionamiento¹². La ACESS inmovilizó 171 medicamentos e insumos y señaló que los productos de uso estético podían indicar procedimientos fuera de la cartera de servicios autorizada¹.

Sobre la sala donde murió el paciente, la ACESS declaró, según Primicias, que la habilitación de la clínica «no le facultaba» a contar con quirófano ni con anestesiólogo y que no estaba categorizada para tener coche de paro ni monitor de signos vitales⁷. Esa misma nota recoge que el permiso, solicitado en diciembre de 2025, se otorgó unos tres meses después como centro de especialidades odontológicas⁷. Aparte, la Agencia Metropolitana de Control clausuró el local por un área de rayos X sin autorización, pues el permiso cubría solo servicios odontológicos, y advirtió posibles multas de hasta cuatro salarios básicos unificados³.

El marco de fondo es el Reglamento para la Emisión del Permiso de Funcionamiento de los Establecimientos y Servicios de Atención de Salud (Acuerdo Ministerial 00032-2020, Registro Oficial 246 del 15 de julio de 2020), que distingue inspecciones de control, sobre establecimientos con permiso vigente, y de vigilancia, sobre los que carecen de él¹¹. La ACESS recordó que los establecimientos deben mantener las condiciones con las que obtuvieron el permiso¹.

Qué dice la ley penal y en qué punto está el proceso

El artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional. En la versión citada por una asambleísta en 2014, prevé de uno a tres años de prisión cuando la muerte se produce por infracción del deber objetivo de cuidado, y de tres a cinco años si ocurre por «acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas»; para que haya infracción deben concurrir cuatro condiciones, entre ellas que el resultado por sí solo no basta, que se haya incumplido la normativa o la lex artis, y que el daño derive directamente de ese incumplimiento¹⁰. Conviene verificar el texto vigente en el Registro Oficial, porque la fuente es un blog legislativo antiguo.

El proceso avanza despacio. En abril, Teleamazonas informó de una investigación previa contra la representante legal de la clínica, dos odontólogos y una anestesióloga; los investigados no acudieron el 23 de abril a rendir su versión y la diligencia se postergó a pedido de su defensa⁶. Un mes después, la familia pidió cambiar al fiscal y presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura; el fiscal rechazó los reclamos y dijo que se buscaban «indicios suficientes para una eventual formulación de cargos»⁸. En octubre, Vistazo y El Comercio no identifican a los cuatro a quienes se pedirá formular cargos³⁵. Hasta donde hemos podido verificar, no consta la fecha de la audiencia ni su resultado.

Qué puede revisar el médico que trabaja o deriva a un centro

Nada de esto prueba la culpa de nadie, pero deja una lista de verificación basada en lo que la propia ACESS recomienda al público: comprobar el tipo de habilitación del establecimiento y el perfil profesional de los especialistas, datos que se consultan en ACESS en línea⁷.

• Habilitación y categorización: que el permiso corresponda al tipo de procedimiento, y en particular a sedación o anestesia, con quirófano y anestesiólogo cuando el acto lo exija⁷¹¹.
• Quién seda y quién monitoriza: el presidente del gremio odontológico distinguió la anestesia general, que debe hacerse en quirófano, de la sedación, que debe ser evaluada por un profesional certificado⁹.
• Equipo de emergencia: coche de paro vigente y monitor de signos vitales. Una revisión de 2014 sobre anestesia en consultorios concluye que la atención en consultorio es comparable a la hospitalaria sobre todo cuando el espacio está acreditado, y recomienda incorporar listas de seguridad y guías de sociedades profesionales¹³; y una revisión sobre fármacos de emergencia en el consultorio dental recomienda simulacros periódicos¹⁶.
• Almacenamiento de inyectables: nada de refrigeradoras compartidas con alimentos. La estabilidad de la toxina botulínica reconstituida depende del producto y de la temperatura: en un estudio de laboratorio con un solo producto, la vida útil estimada varió de 16,34 semanas a temperatura ambiente a 73,80 en refrigeración¹². Se debe seguir la ficha técnica del fabricante, y el problema regulatorio aquí es la mezcla con alimentos, la falta de rotulación y los productos caducados¹².

La preparación en consultorios es un punto débil conocido, no solo en Ecuador. En una encuesta a 419 odontólogos en Polonia, el 41,29 % no se sentía competente para manejar un paro cardíaco súbito¹⁴. En una muestra de 325 clínicas de Riad, el 90 % no tenía dispositivo de administración de oxígeno y el 78 % carecía de protocolo de emergencia¹⁵. Son datos de otros países y no se pueden extrapolar a Ecuador; sirven de contexto sobre por qué el equipo y el entrenamiento importan.